Resulta sorprendente el giro de 180 grados que en Navarra han hecho los partidos socios del Gobierno, tanto los de izquierda, Podemos e IU, como los nacionalistas, Geroa y Bildu, en torno a las renovables. Han pasado de fervientes apóstoles de su necesidad, y de apostar por su implantación cuanto antes, a cuestionarlas y a ralentizar sus expedientes, a la vez que son incapaces de consensuar textos legislativos que aporten seguridad a todas las partes implicadas en los trámites para obtener, o no, la autorización que permita llevar a buen puerto los proyectos. Este cambio de posición ocurre en el peor momento posible. Veamos por qué.
Navarra es la región española y europea referente en renovables. Aquí tienen sus centros de desarrollo Gamesa, Acciona Energía y Nordex y tiene su sede el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) desde hace más de veinte años. Además, hemos generado un importantísimo sector industrial, fruto del empuje y apoyo institucional en un entorno favorable para el impulso de este tipo de energías. Grupo ENHOL, MTorres, Ríos Renovables, Ingeteam o Fluitecnik son exponentes destacados.
Durante la extraordinaria crisis de 2008 a 2015, esta actividad, gracias entre otras cosas a su internacionalización, pudo mantenerse a flote. Desde entonces, adaptándose a la normativa del momento, las renovables están resurgiendo con fuerza. No es menos importante el desarrollo, también en Navarra y empujado por este sector, del apartado de formación en los niveles universitarios y de FP, con toda una serie de grados y postgrados que apuntalan ese liderazgo nacional e internacional, cuyo referente es el CENIFER.
Actualmente, asistimos a la mayor movilización de fondos europeos de la historia, puesta en marcha para superar la crisis de la Covid-19, y basada, como enfatiza la UE constantemente, en una Europa que será más verde, más digital y más resiliente. Más verde. Esto supone una oportunidad histórica para un sector que tenemos la suerte de que esté radicado en nuestra comunidad. ¿Y qué se está haciendo? Lo contrario de lo que debería hacerse.
Se mantiene un marco normativo farragoso con margen a la discrecionalidad, y por tanto a la incertidumbre, inaceptable. Discrecionalidad que se traduce en inseguridad de plazos, con proyectos cuya tramitación se demora injustificadamente. Informes preceptivos que ahora (sí, justo ahora) se interpretan de repente como vinculantes. Autorizaciones de evacuación que pueden perderse por la falta de ejecución. Subestaciones de evacuación, competencia de Red Eléctrica, que pueden ser ocupadas por proyectos que se tramitan con mucha más celeridad en comunidades limítrofes, como Aragón o La Rioja, curiosamente también con gobiernos socialistas.
A su vez, en paralelo, las empresas deben negociar con particulares y con ayuntamientos (los mayores propietarios de suelo con los comunales) alquileres de suelo para instalar los futuros parques, de obtenerse la autorización definitiva. Y, como siempre, en cuanto se conoce el interés de cualquier empresa española importante en ejecutar un proyecto, los partidos nacionalistas vascos ponen en marcha su maquinaria imparable de presión social.
Eh Bildu, a la cabeza contra todo lo que suponga desarrollo para Navarra: autovías, embalses, canal, AVE, y también, claro, parques solares y eólicos. Declaraciones contrarias en todos y cada uno de los ayuntamientos que dominan, presión vecinal forzando la recogida de firmas, para señalar a quien no lo haga, pantomimas de referéndums…. ¿Por qué apuesta entonces el mundo de Bildu? Exclusivamente por cooperativas municipales de energía, basadas en autoconsumo y generación propia. Y lo hacen por una razón de puro interés político. Las cooperativas le van a procurar dos cosas básicas para ellos: una herramienta extraordinaria para controlar a los vecinos (¡nada menos que el precio de la electricidad que consumen!) y, por otro lado, fondos para sus campañas de activismo político, camufladas de fines de utilidad social en su localidad. Ya sabemos cuáles son.
Por parte de Geroa Bai, cobardía. Le sigue la corriente en la mayoría de los ayuntamientos y se suma sin rubor a apoyar cualquier iniciativa municipal en este sentido. Y lo hace cuando la presidenta Chivite ha puesto en manos de Geroa Bai los tres departamentos del Gobierno de Navarra que tienen que decidir (Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio). Los tres. Quien tiene que tramitar los proyectos, apoyando su paralización desde los ayuntamientos… ¡Vaya panorama!
Ante esta perspectiva, desde Navarra Suma planteamos consensuar una normativa más sencilla que evite la discrecionalidad y genere seguridad. Vamos a proponer que el Gobierno reúna de inmediato a técnicos, empresas, ayuntamientos y asociaciones agrarias para trabajar en un mapa de usos de suelos para las renovables que establezca claramente las distintas categorías entre prohibidos y autorizables, que permita a empresas y ayuntamientos conocer de antemano las posibilidades de éxito de sus proyectos. Y que este mapa y sus actualizaciones se incorporen a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, como una obligación legal inmediata.
Noticia original en Diario de Navarra
Carlos Pérez-Nievas
Coordinador de Ciudadanos Navarra y portavoz adjunto de Navarra Suma